Investigan posibles irregularidades con prácticas de rehabilitación en el Pami Río Cuarto – Por Leonardo Brochero
Un relevamiento de información en el Pami Río Cuarto interno detectó numerosas irregularidades en las prestaciones de rehabilitación médica, en lo que podría terminar configurándose como un caso de sobrefacturación.
Encontraron anomalías en las autorizaciones para prácticas de rehabilitaciones complejas, que tuvieron un crecimiento exponencial en cuestión de meses, desde el año pasado. Creen que se trata de un caso de sobrefacturación.
Para ponerlo en términos gráficos, en agosto de 2024 se autorizaban de estas 4 prácticas, pero al mes siguiente saltaron a más de 100 y, en los últimos tres meses, la cantidad de prestaciones mensuales alcanzó los 180 casos.
Se trata de servicios de rehabilitación para cuadros severos, que exigen tratamientos regulares, intensivos y multidisciplinarios, como Accidente Cerebro Vascular, cardiopatías y otros.
Además del crecimiento exponencial de las prácticas autorizadas por la UGL Río Cuarto, lo que llama la atención es que algunos de los prestadores médicos no cuentan con la infraestructura necesaria para los servicios por los que facturan. A saber: espacios físicos, instalaciones, equipos, insumos médicos y profesionales.
El relevamiento de información se originó a partir de pedidos de prestaciones de parte de los afiliados, y la constatación cotidiana del notorio incremento de las prácticas de rehabilitación.
Un dato no menor es que cada una de estas prácticas tiene un costo superior a los 100 mil pesos para Pami.
Estas irregularidades fueron informadas al director de la UGL, Santiago Pinasco, que renunció antes de resolver sobre un pedido de auditoría interna al respecto. En tanto, el coordinador médico, segunda autoridad, conocería la situación desde el principio. Las autoridades de Pami Central, en Buenos Aires, también estarían al tanto del cuadro de situación.
Por otro lado, parece avecinarse una compleja sucesión en el mando de la UGL local. El organigrama prevé que el coordinador médico quede como primera autoridad, pero en el caso local, ese funcionario está limitado en sus movimientos y comunicaciones, como parte de la orden de restricción impuesta por la Justicia, en el marco de la causa por violencia de genero de las tres trabajadoras.
Ahora bien, hay una norma interna del instituto que parece haber abierto la puerta a esta situación. Todo tendría su origen en la disposición interna de Pami DI 2024-790, del 5 de julio de 2024, donde el gerente de prestaciones médicas del instituto establece un nuevo reglamento para la autorización de las prácticas de rehabilitación. Allí, el cambio sustancial es que se elimina el primer control previo, que hasta junio del año pasado ejercían las UGL en cada ciudad.
Meses después, la cantidad de este tipo de prestaciones creció de manera exponencial y –al parecer- irregular.