Por Lic. Pamela Forestello
En los últimos años, distintos informes de organismos de salud y protección de derechos han comenzado a encender una alarma que ya no puede ser ignorada: crece el número de niños, niñas y adolescentes que presentan graves consecuencias físicas y psicológicas producto de la violencia sufrida en sus propios hogares. Lejos de tratarse de hechos aislados, se configura como una problemática estructural que interpela a toda la sociedad.
La violencia en la infancia no siempre deja marcas visibles. Si bien los casos más extremos: golpes, lesiones, internaciones, e incluso la muerte suelen ocupar los titulares de los medios y se convierten, por unas horas, en la conversación recurrente en cada espacio; existe una dimensión silenciosa que avanza de manera persistente: el maltrato emocional, la negligencia, la exposición a situaciones de violencia entre adultos. Estas experiencias impactan de forma directa en el desarrollo integral de los niños, afectando su salud mental, su capacidad de aprendizaje y sus vínculos sociales.
Profesionales de la salud advierten un aumento en consultas por cuadros de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y dificultades en la regulación emocional en edades cada vez más tempranas. A esto se suman problemas físicos asociados al estrés crónico, como alteraciones en el sistema inmunológico, dolores recurrentes y trastornos alimentarios. En muchos casos, estos síntomas son la expresión de entornos atravesados por el miedo, la inseguridad y la falta de contención afectiva.
“El hogar debería ser el lugar más seguro para un niño”, es una frase que escuchamos de especialistas de diversos ámbitos y que seguramente compartimos. Sin embargo, cuando ese espacio se vuelve hostil, las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. La infancia es una etapa clave en la construcción de la subjetividad, y las experiencias tempranas dejan huellas que pueden persistir a lo largo de toda la vida.
Otro aspecto preocupante es la naturalización de ciertas prácticas de crianza basadas en el castigo físico o la descalificación constante. Frases como “es por su bien” o “así me criaron a mí” aún funcionan como justificación de conductas que, lejos de educar, vulneran derechos fundamentales. En este sentido, la transformación cultural aparece como un desafío urgente.
El rol de las instituciones es central. Escuelas, centros de salud y espacios comunitarios muchas veces son los primeros en detectar señales de alerta. Sin embargo, la intervención temprana requiere no solo de profesionales capacitados, sino también de redes de contención sólidas y políticas públicas sostenidas que garanticen la protección efectiva de las infancias.
En Argentina, la legislación reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y establece la obligación del Estado de resguardar su integridad. No obstante, la brecha entre lo normativo y la realidad cotidiana sigue siendo significativa. La falta de recursos, la sobrecarga institucional y, en algunos casos, el temor a denunciar, dificultan la respuesta ante situaciones de violencia.
Frente a este escenario, el cuidado de las infancias no puede quedar reducido al ámbito privado. Se trata de una responsabilidad colectiva que implica revisar prácticas, fortalecer la escucha y construir entornos más seguros y respetuosos. Prevenir la violencia no solo es posible, sino urgente.
Y si hablamos de lo colectivo, es importante que aquellas personas que tienen funciones claves en el ámbito de la justicia para definir los “presentes” de los menores, entiendan que no solo conforman una cifra, que tienen el derecho a ser escuchados y observados en su realidad…que detrás de cada cifra hay historias concretas. Y en cada una de ellas, una infancia que merece crecer… y crecer sin miedo.
