En los últimos 10 años la cantidad de personas alojadas en comisarías y alcaidías se duplicó. Además, de la superpoblación hay problemas de infraestructura y demoras en el acceso a la salud.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció la superpoblación de personas detenidas en Alcaidías y Comisarías de La Pampa, además de las deficiencias edilicias y la falta de acceso a la salud de esos lugares. En agosto del año pasado, autoridades del organismo inspeccionaron a lugares de encierro en Santa Rosa, General Acha, General Pico y Toay y confirmaron el hacinamiento que sufre el sistema desde hace años.
“Este Comité manifiesta su preocupación respecto de la cantidad de personas alojadas en comisarías y alcaidías provinciales de la Provincia. Al 31 de diciembre de 2020, la Policía de La Pampa reportó 348 personas alojadas en estos establecimientos, lo que representa un aumento porcentual de 114,8% desde el año 2010 a la fecha señalada”, aseguraron en el informe sobre la recorrida que hicieron en la provincia.
Para el CNPT la solución sería la creación de un sistema penitenciario provincial, porque una situación similar de hacinamiento ocurre en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal.
Sobre la inspección que realizaron en las Alcaidías y Comisarías, desde el Comité expresaron que “alarma especialmente lo referido a tiempos de permanencia, que pueden extenderse durante años; los regímenes de encierro constantes-por falta de instalaciones adecuadas y escasez de personal-; y el caso de personas condenadas, a las que esta situación les representa una obstaculización para el avance en la progresividad de la pena. Estas dependencias no cuentan con áreas de evaluación (Consejos Correccionales), por lo que esta tarea recae únicamente sobre el Comisario a cargo. Asimismo, estas dificultades se profundizan con la aplicación de penas cortas de cumplimiento efectivo”.
Alcaidías
En el informe se detalla que en agosto pasado en la Alcaidía de Santa Rosa había 102 personas alojadas cuando la capacidad es de 72. “Preocupa fundamentalmente el régimen de los sectores de aislamiento -conformados ambos espacios por cuatro celdas de 5m2 y un pequeño patio interno-, donde se registraron plazos de permanencia de hasta un mes por motivos de seguridad y/o problemas de convivencia con el resto de la población alojada”, aseguraron. Destacaron que “hubo avances en lo que refiere a la alimentación”.
“Si bien pueden acceder a la educación primaria y secundaria, tan sólo el 10 % asiste a la escuela; y, además, la Universidad Nacional de La Pampa ingresa al predio a dictar cursos que brindan puntaje para el estímulo educativo. En las alcaidías y comisarías ubicadas en localidades más lejanas a la ciudad capital estas dificultades se profundizan”, revelaron.
Cuestionaron la medida de las celdas, que son de 8,28 m2, “medida que no responde a los estándares del CNPT en tanto es de 6m2 por persona y 4m2 adicionales por persona”.
Por su parte, la Alcaidía de General Pico cuestionaron el tamaño de las celdas porque oscilan entre 4,73m2 y 6,81m2. Revelaron que “había goteras y sólo una ducha para todo el pabellón, dado que las demás se encontraban averiadas”.
“Aquí preocupa especialmente que las visitas se realizaban al aire libre por lo que cuando llovía debían suspenderse. A su vez, no hay sector destinado a visitas íntimas, motivo por el cual recurren al uso de carpas. Además, los colchones no eran ignífugos y no había calefacción. Por ello, habilitaban el ingreso de caloventores, lo que genera habitualmente la sobrecarga del sistema eléctrico y posteriores cortes en el suministro”, detallaron.
“Tampoco contaban con electrodomésticos para la refrigeración de alimentos ni ventilación de los espacios. En cuanto a la educación de nivel primario y secundario, se articula con el área de contextos de encierro del Ministerio de Educación. La modalidad consiste en la entrega de cuadernillos, tutorías y la rendición de un examen final. Varias personas manifestaron que se complica darle continuidad a la cursada, por el poco tiempo de permanencia en cada dependencia”, explicaron.
La Alcaidía de General Acha tenía una población total de 37, sobre una capacidad declarada de 27 personas. “Se registraron dificultades en lo que refiere al suministro eléctrico. Muchas celdas no contaban con luz natural ni artificial, la actividad recreativa era insuficiente (3 veces por semana 1 hora), y cuentan con educación primaria y secundaria bajo la misma modalidad reseñada en el punto anterior”, comentaron desde el Comité.
“A modo de síntesis, en todas las alcaldías se registraron problemas vinculados a la infraestructura. A su vez, se recibieron alegaciones coincidentes de demoras para el acceso a la salud, que generalmente debe solicitarlo la defensa y, aunque el juez a cargo las habilite, existen inconvenientes para los traslados por falta de móviles. Además, no hay controles médicos preventivos ni reciben tratamiento psicológico”, resumieron.
Comisarías
La situación en las comisarías es parecida a la de las Alcaidías. En la Comisaría 3 de General Pico había en agosto pasado un total de 38 personas detenidas, dos de las cuales eran mujeres. La dimensión de las celdas oscila de 3,75m2 a 6,25m2. “Cuentan con acceso a celular y las familias son quienes aportan los elementos de limpieza e higiene. También, existen dificultades en materia de salud debido a demoras para la atención médica”, aseguraron.
El Comité hizo hincapié en el caso de las mujeres detenidas ahí. “Uno de los aspectos más relevantes, refiere al hostigamiento de tipo verbal ejercido por personal policial en razón del tipo de delito cometido, especialmente durante el traslado e ingreso al establecimiento”, indicaron. “Preocupa que no pueden recibir visitas íntimas, no reciben kit menstrual y deben apoyarse en sus familiares en lo que respecta a elementos de higiene personal y limpieza”, afirmaron.
La conclusión de la inspección por parte del CNPT fue que “gran parte de las dificultades que se suceden en comisarías y alcaidías, se vincula a la falta de Servicio Penitenciario en la Provincia”.
Agregaron que tomaron “nota de los convenios que se mantienen con el Servicio Penitenciario Federal y el proyecto próximo a implementarse con la provincia de San Luis, sobre lo cual se profundizará en el apartado de unidades penitenciarias, y advierte de manera preliminar las implicancias de los traslados a otras localidades en lo que respecta al sostenimiento de vínculos afectivos y familiares”.
El Diario