Por Lic. Pamela Forestello
Cada vez que un hecho delictivo involucra a un menor de edad, la reacción es inmediata: indignación, miedo y una pregunta que se repite casi como reflejo automático: “¿qué pasa con las leyes?”.
En grupos de WhatsApp, medios locales y charlas de vereda, el tema aparece con fuerza. La sensación de inseguridad crece, pero también lo hace la idea de que “no pasa nada” cuando los delitos son cometidos por adolescentes. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que suele circular en el sentido común.
Hasta la actualidad, el régimen penal juvenil estaba regido por la Ley 22.278, una normativa que data de la última dictadura militar y que, desde hace años, es cuestionada por su desactualización. Según este esquema, los menores de 16 años no eran punibles, mientras que los jóvenes de entre 16 y 18 pueden ser juzgados bajo un sistema especial.
Pero este marco ha sido modificado y se implementaría en el corto plazo. Luego de un amplio debate político nacional se avanzó con la reforma para modificar el régimen penal juvenil, con eje en la baja de la edad de imputabilidad. Es decir, se llevaría la edad mínima a 14 años para ciertos delitos graves, incorporando además un sistema más amplio de sanciones y dispositivos de intervención.
Este cambio vuelve a encender posiciones encontradas. Para algunos sectores, se trata de una respuesta necesaria frente a una realidad que consideran desbordada. Para otros, implica un retroceso que pone el foco en el castigo sin atender las causas estructurales del problema.
Porque detrás de cada caso hay una historia. Y en muchos de ellos aparecen elementos que se repiten: trayectorias escolares interrumpidas, contextos de vulnerabilidad, consumos problemáticos, falta de redes de contención. Esto no justifica el delito, pero sí obliga a ampliar la mirada.
En localidades del interior, donde los vínculos son más cercanos, el impacto de estos hechos es aún mayor. No se trata de “un caso más”: muchas veces son chicos conocidos, familias identificables, situaciones que rompen la idea de comunidad segura.
Especialistas en derecho y salud mental advierten que no hay evidencia contundente de que endurecer las penas o bajar la edad de imputabilidad reduzca por sí solo el delito juvenil de manera sostenida. En cambio, señalan la necesidad de políticas preventivas, intervenciones tempranas y dispositivos reales de acompañamiento.
Entonces, ¿qué está fallando?
Algunos apuntan a la falta de políticas públicas sostenidas en el tiempo. Otros, a la escasa articulación entre escuela, familia y Estado. También se menciona la ausencia de espacios concretos para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley antes de que el delito ocurra.
Mientras tanto, la discusión pública suele moverse entre dos extremos: el castigo ejemplificador o la comprensión total. En el medio, queda un terreno incómodo, pero necesario: el de las respuestas integrales.
¿Alcanza con bajar la edad de imputabilidad? ¿Qué recursos tienen hoy las comunidades del interior para sostener un sistema que no sea solo punitivo? ¿Qué lugar ocupa la prevención en la agenda local?
Hablar de delincuencia juvenil incomoda, interpela y divide. Pero evitar el debate no lo hace desaparecer.
En el sur de Córdoba, donde los problemas tienen nombre y apellido, quizás el desafío sea ir más allá del impacto inmediato y animarse a una discusión más profunda. Una que no solo pregunte qué hacer con los adolescentes que delinquen, sino también qué estamos haciendo —o dejando de hacer— como sociedad para que lleguen a ese punto.
Porque cuando el problema se vuelve visible en un hecho policial, muchas veces ya es tarde.