Legisladores opositores de distintos bloques solicitaron el enjuiciamiento de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por mal desempeño en causas atravesadas por decisiones judiciales cuestionadas, omisiones investigativas y vínculos con sectores del poder político provincial.
Legisladores de distintos bloques opositores presentaron pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por mal desempeño en el ejercicio de sus responsabilidades como fiscales, en causas que exhiben vínculos, decisiones y actuaciones atravesadas por la influencia del poder político provincial.
Las presentaciones fueron impulsadas por legisladores/as pertenecientes a nueve bloques de la Legislatura de Córdoba: UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista – FIT Unidad.
Las denuncias sostienen que ambos casos exponen decisiones judiciales que deben ser revisadas institucionalmente debido a la gravedad de los hechos y las consecuencias derivadas de esas actuaciones.
En este sentido, el pedido de jury contra el Fiscal Iván Rodríguez se centra en su actuación en una causa iniciada en mayo de 2025 contra Claudio Gabriel Barrelier por privación ilegítima de la libertad agravada, expediente en el que el imputado recuperó la libertad apenas veinte días después de haber sido detenido.
La investigación a cargo de Rodriquez en 2025, se había originado tras la denuncia de una mujer que logró escapar del domicilio de Barrelier luego de haber permanecido maniatada, retenida contra su voluntad y amenazada con un arma de fuego. Pese a la gravedad de los hechos denunciados, no se agotaron medidas elementales de investigación ni se adoptaron recaudos suficientes para valorar la peligrosidad del imputado antes de disponer su libertad, decisión que posteriormente volvió a quedar bajo cuestionamiento tras el femicidio de Agostina Vega.
La investigación contenía múltiples elementos que exigían un análisis reforzado de riesgo: antecedentes previos (en 2010 y 2016), violencia extrema, utilización de armas, circunstancias ocurridas en el mismo domicilio y elementos que permitían advertir un riesgo concreto de reiteración. La actuación fiscal obliga a revisar si existieron fallas funcionales graves en la conducción de la investigación.
La presentación también cuestiona la actuación de Rodríguez en la causa conexa al Neonatal, donde archivó una investigación destinada a determinar si funcionarios públicos habían tomado conocimiento de hechos extraordinariamente graves ocurridos dentro del hospital sin promover las denuncias correspondientes.
Según sostienen los legisladores, el denominador común aparece reiteradamente en causas donde debían investigarse responsabilidades vinculadas directa o indirectamente con sectores del poder político, motivo por el cual consideran necesario determinar si efectivamente se agotaron todas las líneas investigativas disponibles antes de disponer cierres o archivos de expedientes.
Además, la denuncia incorpora cuestionamientos vinculados al entramado político e institucional que rodeó la causa Barrelier. Los legisladores denunciantes remarcan el rol que tuvo su defensa, encabezada por Ricardo Moreno, y sostienen que resulta necesario investigar si existieron condicionamientos externos, relaciones de poder o niveles de influencia que hayan incidido sobre decisiones adoptadas durante la investigación.
La presentación también pone el foco sobre el entramado político que rodeó a Barrelier, respecto de sus vínculos, respaldos e incorporación a la Municipalidad de Córdoba. Esto obliga a revisar si existieron mecanismos de protección política alrededor de una persona que registraba antecedentes previos de extrema gravedad.
La denuncia también incorpora como elemento relevante la posterior designación de Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto de la Provincia, al considerar que dicha promoción institucional profundiza los interrogantes sobre su actuación previa. La designación fue aprobada a fines de 2025 en la Legislatura provincial pese al rechazo de distintos bloques opositores, que cuestionaron su desempeño en investigaciones sensibles y advirtieron que no reunía las condiciones de idoneidad necesarias para ocupar un cargo jerárquico dentro del sistema penitenciario. Esto pareciera ser un reconocimiento político hacia un fiscal cuya actuación acumulaba fuertes cuestionamientos públicos por su intervención en causas de enorme sensibilidad institucional.
La sucesión temporal entre decisiones investigativas cuestionadas, su posterior promoción institucional y la reiterada aparición del mismo funcionario en expedientes vinculados a actores cercanos al poder político provincial obliga a revisar si existieron niveles de independencia suficientes en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el pedido de Jury contra el Fiscal Raúl Garzón se concentra en la investigación desarrollada tras la desaparición y posterior femicidio de Agostina Vega, poniendo especial foco sobre las decisiones adoptadas; y aquellas que, debieron haberse tomado mucho antes, durante las horas críticas posteriores a la denuncia.
La denuncia sostiene que desde las primeras horas existían elementos suficientes para advertir un escenario de altísimo riesgo: una adolescente de 14 años desaparecida, Barrelier señalado rápidamente como la última persona que había estado con ella, antecedentes previos de extrema violencia y registros objetivos que ubicaban a la menor en el domicilio investigado.
Entre los principales cuestionamientos aparecen las demoras en receptar formalmente la denuncia, situación que retrasó la activación de herramientas de búsqueda y medidas urgentes de investigación. Desde las primeras horas existían elementos suficientes para actuar rápidamente frente a la desaparición de una menor en una situación de alto riesgo.
En ese marco, la denuncia cuestiona la demora en activar la Alerta Sofía, herramienta prevista para situaciones donde existe riesgo para niños y adolescentes desaparecidos. Los legisladores sostienen que durante la noche del domingo ya existían elementos suficientes para activar ese protocolo, ordenar allanamientos urgentes, preservar posibles escenas del crimen y avanzar rápidamente sobre Barrelier, quien aparecía señalado desde las primeras horas de la investigación.
La presentación también cuestiona la falta de perspectiva de género en el abordaje inicial del expediente. Los antecedentes previos de violencia extrema vinculados a Barrelier, la edad de la víctima, las características del caso y el contexto investigado exigían desde el comienzo activar mecanismos especializados y analizar la causa bajo hipótesis compatibles con violencia de género, motivo por el cual cuestiona que la investigación permaneciera fuera de fiscalías especializadas pese a tratarse de un caso que requería una intervención específica y urgente.
Otro de los puntos cuestionados es la actuación pública posterior del fiscal. Los legisladores apuntan particularmente a declaraciones realizadas durante la conferencia de prensa posterior al hallazgo del cuerpo de Agostina, donde se hicieron referencias a horarios presuntos del crimen cuando todavía no estaban concluidos informes periciales clave de la investigación, situación que obliga a explicar por qué se adelantaron hipótesis públicas mientras todavía existían aspectos centrales de la investigación sin determinar.
Como antecedente relevante, la denuncia también recuerda que el Fiscal Garzón fue designado para intervenir en la causa Neonatal mediante una decisión de la Fiscalía General y no por sorteo, circunstancia que vuelve a poner bajo discusión la reiterada participación de los mismos funcionarios judiciales en algunas de las investigaciones más sensibles de Córdoba.
Ambos pedidos de Jury exceden la discusión sobre actuaciones individuales y plantean un debate más profundo sobre el funcionamiento institucional del sistema judicial en la provincia, particularmente cuando las investigaciones involucran responsabilidades políticas o funcionarios vinculados al poder. En ese sentido, el proceso de enjuiciamiento representa una oportunidad para determinar responsabilidades, fortalecer mecanismos de control institucional y enviar una señal clara respecto de la necesidad de garantizar independencia, transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema judicial provincial.
A continuación, legisladores que firmaron las denuncias: Matías Gvozdenovich (UCR), Brenda Austin (UCR), Alejandra Ferrero (UCR) y Oscar Elías Saliba (UCR) integran el bloque Unión Cívica Radical. Por otro lado, Walter Norberto Nostrala (Frente Cívico), Viviana Raquel del Valle Martoccia (Frente Cívico) y Daniel Alejandro Juez (Frente Cívico) pertenecen al bloque Frente Cívico de Córdoba. Ademas, Oscar Agost Carreño (PRO) integra el bloque PRO; Patricia Botta (Valores Republicanos) pertenece al bloque Valores Republicanos; Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) integra el bloque La Libertad Avanza; Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) pertenece al bloque Mejor Futuro; Dante Valentín Rossi (radicalismo) integra el bloque Construyendo Córdoba; Gerardo José Grosso (Encuentro Vecinal Córdoba) pertenece al bloque Encuentro Vecinal Córdoba; y Noelia Beatriz Agüero (Izquierda Socialista / FIT-U) integra el bloque Izquierda Socialista – FIT Unidad.