Por la Lic. Pamela Forestello
Cada semana encontramos alguna noticia en la que se visibiliza una de las principales problemáticas asociadas al uso de la tecnología: el uso del anonimato, o de perfiles falsos, para ofender, criticar y atacar a otros. Y cada vez, se lleva a cabo con mayor frecuencia.
El llamado “participante anónimo” no es un fenómeno nuevo en Internet, pero sí ha adquirido mayor relevancia en plataformas donde la interacción es inmediata y masiva. Comentarios hirientes, críticas destructivas y ataques personales se multiplican bajo nombres ficticios o cuentas sin identificación clara. La posibilidad de no dar la cara parece habilitar un tipo de discurso que, en otros contextos, difícilmente se sostendría.
Especialistas en comunicación digital coinciden en que el anonimato puede tener un doble filo. Por un lado, protege la libertad de expresión, permitiendo que personas denuncien injusticias o se expresen sin temor a represalias. Por otro, también puede convertirse en un escudo que facilita la desinhibición y la agresión. Este fenómeno, que es conocido entre los expertos como “efecto de desinhibición online”, explica por qué algunas personas dicen en redes lo que no dirían en un encuentro cara a cara.
Las consecuencias de estas prácticas no son menores. Quienes reciben este tipo de mensajes pueden experimentar angustia, ansiedad, afectación de la autoestima e incluso retraimiento social. En adolescentes y jóvenes, particularmente, el impacto puede ser más profundo, ya que las redes sociales ocupan un lugar central en la construcción de la identidad y la pertenencia.
Además, el anonimato dificulta la responsabilidad sobre lo dicho. La ausencia de un “otro identificable” complica tanto la denuncia como la posibilidad de reparación del daño. En este sentido, se abre un debate necesario: ¿hasta qué punto el anonimato debe ser protegido, y cuándo se convierte en un problema social que requiere regulación?
En Argentina, la legislación contempla figuras como el hostigamiento digital y la violencia en entornos virtuales, aunque los desafíos para su aplicación son constantes. La velocidad de circulación de los contenidos y la dificultad para rastrear a los responsables plantean nuevos interrogantes para la justicia.
Frente a este escenario, distintos sectores coinciden en la importancia de promover una ciudadanía digital responsable. Esto implica no solo conocer los derechos en línea, sino también asumir las consecuencias de las propias palabras, incluso cuando se cree estar protegido por el anonimato. Pero el problema está en que, lamentablemente son los adultos quienes parecen más necesitar este tipo de formación.
En definitiva, el uso del participante anónimo en redes sociales abre una tensión entre libertad y responsabilidad. Una tensión que interpela a usuarios, plataformas y al conjunto de la sociedad:
¿qué tipo de comunicación queremos construir en los espacios digitales que habitamos a diario?
